El doble sismo del 24 de junio expuso una fragilidad institucional acumulada en dos décadas. Las lecciones de Japón, Chile y México muestran que la norma existe; lo que ha faltado es voluntad de ejecución. Hay momentos en que un país descubre, en menos de un minuto, todas las consecuencias de los errores acumulados, decisiones erráticas y carencia de acciones efectivas.
A las 6:04 pm, del 24 de junio de 2026, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por solo 39 segundos, sacudieron el eje San Felipe–Yumare–Montalbán. Yo me encontraba en Puerto Cabello, a menos de 40 Km del epicentro. Como muchos venezolanos, tuve la sensación de que el movimiento nunca iba a terminar. Fueron segundos que parecieron eternos.
Fue el terremoto más devastador que ha sufrido Venezuela desde 1812, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Hasta el cierre de esta edición, el balance oficial rondaba los 4.490 muertos y 16.740 heridos —cifras provisionales que, advierten las autoridades, podrían aumentar en los próximos días—, con más de 1.100 réplicas registradas, de acuerdo con el último boletín de Protección Civil.
Esta tragedia es el resultado de dos capas superpuestas: el daño físico del sismo y una fragilidad estructural acumulada durante muchos años. Entender ambas es el punto de partida para diseñar conscientemente el rescate y la reconstrucción del país con visión de futuro.
Un golpe sobre un terreno ya debilitado
Antes del terremoto, entre 7,7 y 8,5 millones de venezolanos habían emigrado, la mayor crisis de desplazamiento de América Latina en cinco décadas. Entre ellos, más de 42.000 trabajadores de salud, de acuerdo con la Federación Médica Venezolana, en datos recogidos por BBC Mundo. Ese dato, que parecía un indicador migratorio más, se convirtió en una vulnerabilidad concreta apenas cayeron los primeros edificios: los hospitales de La Guaira y Caracas, que ya operaban al límite, vieron desbordada su capacidad en cuestión de horas. La fuga de 42.000 trabajadores de salud se tradujo en una falta crítica de cirujanos y especialistas en trauma, justo cuando más se les necesitaba; algunos servicios de maternidad y primeros auxilios, cuyos responsables quedaron bajo los escombros, simplemente no pudieron reactivarse.
En octubre de 2025, en esta misma columna, advertí que Venezuela necesitaba con urgencia un estudio integral de riesgos naturales que incluyera un censo nacional de edificaciones vulnerables —en particular, hospitales, centros de salud, escuelas y edificios gubernamentales— cuya operatividad resulta crítica durante y después de un evento sísmico. Ese llamado quedó en el papel. El terremoto de 2026 demostró, con crudeza, que la advertencia era acertada y que el tiempo perdido en prevención se paga en vidas.
A esto se suma un dato de contexto institucional: el sismo ocurrió apenas seis meses después de un cambio de gobierno inédito en enero de 2026, en pleno proceso de transición supervisado internacionalmente. Un país que aún no había resuelto su propia gobernabilidad le tocó enfrentar, además, la mayor emergencia natural de su historia reciente. La lección es operativa: la coordinación de una respuesta de esta magnitud requiere claridad de mando, y esa claridad era, en sí misma, actualmente es un recurso escaso.
La norma para construcciones sismorresistentes existía; faltó su cumplimiento
Venezuela cuenta con normativa sismorresistente vigente y actualizada —la COVENIN 1756-1:2019— desde antes del terremoto. El problema fue la acumulación de años de construcción informal y la falta de fiscalización sobre edificaciones esenciales, un riesgo que algunos gremios nacionales acreditados habían advertido con antelación. Un análisis satelital de la NASA calculó casi 60.000 edificaciones dañadas o destruidas, muy por encima de las 855 reconocidas en el primer balance oficial. Esa brecha entre la norma escrita y la práctica real es, quizás, el dato más importante de todo el diagnóstico: la solución técnica ya existía; la ejecución fue lo que falló.
El costo económico confirma la magnitud del golpe: la ONU estimó los daños directos en 37.000 millones de dólares en vivienda e infraestructura, mientras el PNUD calculó un impacto en el crecimiento de ese año cercano al 6% del PIB, sin contar los 37.000 millones en daños materiales.
Lo que la evidencia internacional demuestra
La evidencia comparada aporta una señal clara: ningún elemento de este diagnóstico es una sentencia definitiva. Japón reconstruyó Kobe después de perder cerca de 6.400 vidas en 1995, y usó esa tragedia para rediseñar por completo su sistema nacional de gestión de desastres, hoy referencia mundial. Chile, tras el terremoto de 2010 (magnitud 8,8; uno de los más fuertes jamás registrados), reconstruyó viviendas y ciudades en años gracias a un esquema de coordinación público-privada con reglas claras de financiamiento, administrado por regiones y no por el gobierno central. México, tras el sismo de 1985, transformó a su propia sociedad civil en la primera línea de respuesta ante desastres, una cultura de autoorganización que se probó nuevamente, con mejores resultados, en 2017. En los tres casos, la calidad de la respuesta institucional definió el destino del país. En próximos artículos desarrollaré las lecciones aprendidas y un plan de acción que permitiría la reconstrucción de Venezuela ante esta catástrofe.
De la tragedia a la oportunidad: tres frentes para actuar ya
Con ese marco, es posible identificar tres frentes concretos donde Venezuela puede convertir esta crisis en un punto de inflexión, combinando urgencia inmediata con visión de largo plazo, con planificación estratégica y resultados sostenibles.
Corto plazo — capital humano de emergencia. La escasez de personal médico y de rescate abre una oportunidad real de activar redes de venezolanos calificados en el exterior —médicos, ingenieros, logistas— mediante misiones temporales de apoyo técnico remoto y presencial, siguiendo el modelo de las brigadas de cooperación internacional que ya operan en desastres —como los Topos mexicanos para rescate o los equipos médicos de emergencia de la OMS—, pero canalizado hacia la diáspora venezolana de forma estructurada. Como hemos visto en las noticias, equipos de más de 28 países ya han apoyado el rescate en estas semanas; ese mismo espíritu de cooperación puede canalizarse hacia la diáspora venezolana de forma organizada.
Mediano plazo — fiscalización real de la norma existente. Venezuela ya posee un código sismorresistente moderno; la inversión más eficiente es crear un sistema de inspección y certificación de edificaciones esenciales —hospitales, escuelas, cuarteles de bomberos— con participación de colegios profesionales y organismos multilaterales, replicando el modelo de reforzamiento prioritario que recomienda la propia Academia de Ciencias venezolana y el Colegio de Ingenieros de Venezuela.
Largo plazo — gobernanza de la reconstrucción. La experiencia internacional, que abordaré con detalle en el próximo artículo sobre el marco de Johnson y Olshansky, demuestra que los países que reconstruyen con éxito son los que logran controlar cuatro variables: el flujo del dinero, la información, la colaboración entre niveles de gobierno y el tiempo. Venezuela tiene hoy una ventana única —con atención internacional, fondos humanitarios activos y una diáspora dispuesta a involucrarse— para diseñar, desde ya, la arquitectura institucional que gestionará esos miles de millones de dólares de inversión con transparencia y rendición de cuentas.
Hacia una hoja de ruta
El doble terremoto de 2026 hizo visible, de la forma más dura posible, una fragilidad que Venezuela ya arrastraba. La misma evidencia que explica la severidad del impacto señala también el camino de salida: implementar normas técnicas que ya existen y solo requieren cumplirse, una diáspora calificada dispuesta a regresar o colaborar a distancia, y ejemplos internacionales —Japón, Chile, México— que demuestran que una catástrofe puede convertirse en el origen de una reconstrucción mejor que el país anterior al desastre, siempre que se tome la decisión política de priorizar la ejecución sobre la retórica. En los próximos artículos de esta serie revisaré, caso por caso, cómo lograron ese salto y qué es realmente transferible a la realidad venezolana.
